Estabilidad o impunidad: el dilema del empleo estatal

El reciente escándalo de los más de 25 mil funcionarios públicos que viajaron al extranjero con licencia médica ha encendido las alarmas sobre una pregunta incómoda: ¿por qué es tan difícil desvincular a un funcionario que incurre en faltas graves? La respuesta está en el Estatuto Administrativo, que entrega una protección robusta, incluso en casos evidentes de abuso o mala conducta.

La Ley 18.834 establece que todo funcionario tiene derecho a la estabilidad, pero este principio se ha transformado en un escudo que complica los procesos disciplinarios. Cualquier intento de destitución requiere sumarios, pruebas, descargos y revisiones legales que pueden tardar meses o incluso años. Esto, incluso en casos de licencias médicas fraudulentas o uso indebido de recursos fiscales.

Según expertos, el sistema es garantista pero ineficiente, permitiendo que miles de empleados públicos cometan irregularidades sin consecuencias reales. El Estado termina atrapado en su propia burocracia: lento para castigar, pero rápido para pagar sueldos. Esta dinámica mina la confianza ciudadana y daña la imagen del aparato público.

Los gremios también cumplen un rol complejo: protegen derechos laborales, pero muchas veces terminan obstaculizando sanciones necesarias. Mientras tanto, los casos se acumulan, los sumarios se diluyen y los funcionarios sancionados vuelven a sus cargos como si nada. La señal es clara: en el Estado, rendir cuentas cuesta.

Chile necesita una modernización urgente de su régimen funcionarial. No se trata de eliminar derechos, sino de equilibrar las reglas para que la probidad, la eficiencia y la justicia administrativa puedan convivir. Si no se actúa, la impunidad seguirá deteriorando la fe pública y premiando a quienes menos lo merecen.