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Nueva etapa en compras públicas: economía circular obligatoria

  • Foto del escritor: Bidder
    Bidder
  • 13 jun
  • 1 Min. de lectura
Este catálogo reúne artículos dados de baja por distintos organismos públicos, tales como computadores, sillas, impresoras y otros bienes muebles en buen estado.

Desde el pasado 12 de junio, entró en vigencia una nueva etapa de la reforma a la Ley de Compras en Chile, marcando un hito relevante en la modernización del sistema. La principal novedad radica en la incorporación obligatoria del catálogo de Economía Circular, el cual busca optimizar el uso de bienes en desuso antes de autorizar nuevas adquisiciones por parte del Estado.


Este catálogo reúne artículos dados de baja por distintos organismos públicos, tales como computadores, sillas, impresoras y otros bienes muebles en buen estado. Antes de realizar una compra, los organismos deben revisar este inventario y, en caso de existir disponibilidad, priorizar su reutilización. El proceso contempla ofrecerlos primero a otras instituciones de manera gratuita, luego ponerlos a disposición de la ciudadanía mediante venta, y finalmente, si no hay interesados, donarlos a organizaciones sociales.


Además, la reforma incorpora nuevos procedimientos de compra con inteligencia de mercado. Entre ellos destaca la Subasta Inversa Electrónica, en la cual los proveedores compiten bajando sus precios, y la Compra Pública de Innovación (CPI), orientada a resolver necesidades complejas mediante soluciones innovadoras y sostenibles, incluyendo contratos para la innovación y diálogos competitivos.

El objetivo de estas medidas es múltiple: evitar compras innecesarias, optimizar el uso de recursos públicos, reducir el impacto ambiental y promover la colaboración público-privada. Con este enfoque, Chile busca construir un sistema de adquisiciones más eficiente, transparente y responsable.


Finalmente, desde ChileCompra se hace un llamado a los organismos a consultar el nuevo catálogo antes de cada compra y a subir sus propios bienes en desuso, fortaleciendo así un ecosistema de compras públicas más sustentable y consciente del uso de los recursos fiscales.

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