Nueva reforma de pensiones: ¿Cómo afectará en Mercado Público?

La reciente reforma de pensiones, que establece un nuevo aporte del 7% a cargo del empleador, traerá cambios significativos para los proveedores que participan en Mercado Público. Las empresas que contratan trabajadores deberán ajustar sus costos en futuras licitaciones y evaluar el impacto en sus márgenes. Sin embargo, la implementación será gradual en un período de entre 9 y 11 años, permitiendo a las empresas adaptarse progresivamente.

Uno de los principales desafíos será la readecuación de los presupuestos en las contrataciones con organismos públicos. La obligación de cotizar un 7% extra por cada trabajador formal impactará especialmente a PYMEs proveedoras del Estado, que tendrán que absorber o traspasar estos costos en sus ofertas. En sectores con alta carga laboral, como servicios de aseo, seguridad y logística, el efecto será aún mayor, aunque la gradualidad permitirá ajustes paulatinos.

Además, el nuevo sistema previsional podría impulsar cambios en las bases de licitación, exigiendo a las empresas demostrar el cumplimiento de sus obligaciones previsionales. Se espera un aumento en la fiscalización por parte de entidades estatales, lo que podría derivar en sanciones para quienes no ajusten sus prácticas. Esto pone presión sobre los proveedores para actualizar su gestión administrativa y previsional antes de que el cambio se complete en su totalidad.

Por otro lado, esta reforma abre oportunidades para empresas que ofrecen servicios de asesoría previsional y contabilidad, ya que muchas compañías necesitarán apoyo para adaptarse a los nuevos requerimientos. También podrían surgir soluciones tecnológicas enfocadas en la automatización del cumplimiento previsional, facilitando la administración de costos laborales a medida que avanza la implementación.

En este contexto, los participantes de Mercado Público deberán anticiparse a los cambios y evaluar sus estrategias para seguir siendo competitivos. Con una correcta planificación y aprovechando la gradualidad del proceso, las empresas podrán mantener su participación en licitaciones sin enfrentar un impacto inmediato en sus costos operacionales.